Muchos de los habituales alegatos a favor (o en contra) de la legalización de todas las drogas (como el publicado recientemente en estas páginas por Miguel Cereceda) suelen aportar más opiniones que reflexiones, pues sus autores parecen estar más preocupados por comunicar al mundo su actitud personal que por ofrecer informaciones o meditaciones útiles sobre un tema que es mucho más complejo de lo que ellos dan a entender.
Pese a todo, este tipo de panfletos es mucho más estimable que la actitud engreída de esos Hombres de Estado que nos comunican desde las alturas que la discusión no es pertinente, que la polémica no es oportuna, que la decisión ya está tomada y no hay nada más que hablar. Su capacidad de gestión parece siempre amenazada por cualquier propuesta de discusión.
Pero hay, en este subgénero literario, varios inagotables focos de confusión que convendría ir empezando a erradicar. El primero procede del carácter equívoco del término «droga».
En sentido restringido, se denomina «droga» a un conjunto de diversas sustancias que, introducidas en el organismo con una cierta periodicidad, realizan modificaciones biológicas o psíquicas más o menos tóxicas, y acaban por dejar de ser objeto del deseo y del placer para convertirse en objeto de la necesidad. Sirven, al principio, para lograr sensaciones o experiencias agradables; después para anular el malestar que produce su falta. Muchas de estas sustancias son legales (el alcohol, el tabaco o la cafeína); otras no lo son. Algunas producen dependencia física y otras psíquica. Unas producen lesiones a corto plazo y con dosis bajas y otras lo hacen al revés. Varían también los efectos en función de quién las use. Lo que tienen en común es la posibilidad de producir dependencia: ciertas personas que las consumen de cierta manera con cierta frecuencia, llegan a perder la posibilidad de hacerlo voluntariamente y empiezan a necesitarlas compulsivamente. En los casos más serios, la adicción va invadiendo y degradando progresivamente la existencia del individuo.
Pero si la adicción es el problema nuclear de las drogas, hay también adicciones en las que no interviene droga alguna (en el sentido estricto del término). Consisten, en este caso, en la repetición de una cierta conducta capaz de anular la voluntad del sujeto que la realiza. Esta conducta puede ser muy específica (como en el caso del juego compulsivo, o en otros tipos de trastornos del control de los impulsos) o puede referirse a un sistema más abstracto (como el conjunto de mitos y ritos que constituyen una religión cualquiera). Lo esencial es que la conducta es cada vez menos modificable, permeable y voluntariamente controlable y va pasando a estar determinada por fuerzas que la dominan.
La actitud de los Hombres de Estado respecto a las adicciones obedece, sin duda, a razones tan profundas que resultan difícilmente comprensibles. La heroína es ilegal, quizá porque deteriora y mata muy deprisa; el alcohol y el tabaco son legales, probablemente porque, aunque matan a más gente que la heroína, la matan más despacio. Se ilegaliza a los Niños de Dios, porque se considera que son una secta destructiva (de la voluntad personal de sus adictos); la Iglesia Católica, en cambio, es perfectamente legal, quizá porque está considerada como altamente constructiva.
Pero la mayor fuente de confusión en el debate sobre las drogas ilegales está en la frecuente mezcla de argumentos que se refieren a tres cuestiones distintas:
1) En primer lugar, el enfrentamiento de los derechos individuales con las limitaciones impuestas por el Estado. Sobre este aspecto las cosas se han aclarado bastante: el Estado debe estar al servicio de las opciones personales; los únicos límites aceptables son los que evitan la lesión de los derechos ajenos. Las estructuras sirven para canalizar y potenciar las iniciativas de sus dueños, y no para restringir las posibilidades de sus siervos. Casi todo el mundo va estando de acuerdo en esto; quedan, como excepciones, Fidel Castro, Juan Pablo II y algún otro partidario residual del estructuralismo.
2) La segunda cuestión es la del vínculo entre las drogas ilegales y la criminalidad. Tampoco hay muchas dudas sobre ella: un altísimo porcentaje de los delitos que se comenten tiene su origen en el precio de las drogas ilegales y en el monopolio del comercio por las mafias de turno. Las drogas legales son muchísimo más baratas y bastante más asépticas. Aunque maten a más gente.
3) La tercera cuestión es la problemática. El Estado se atribuye a sí mismo el deber de cuidar la salud de los ciudadanos. Ya se ha visto que lo cumple selectivamente; si fuese coherente tendría que prohibir no sólo el alcohol y el tabaco, sino también el boxeo, las carreteras y la tauromaquia. Pero este supuesto deber entra a menudo en conflicto con el respeto a la voluntad individual, que es la cuestión nuclear.
La voluntad personal está condicionada por múltiples factores. Las drogas (en general) la devastan. Quien es capaz de disfrutarlas sin llegar a depender de ellas (ni ser destruido por ellas) es un privilegiado que puede así ampliar el campo de sus experiencias y placeres. No es lo habitual. Algunas drogas (la heroína) producen más dependencia que otras (el hachís). Pero toda droga es una espada de Damocles: la capacidad de crear adicción es justamente lo que las define. Para empezar a fumar sólo hay que tomar una decisión (o dejarse arrastrar por fuerzas más o menos oscuras); abandonar el tabaco suele ser más complicado. Hay quien fuma porque quiere fumar y disfruta con ello; otros muchos lo hacen porque no pueden evitarlo.
Los prohibicionistas argumentan que la disponibilidad de una droga estimula su uso. hay razones para pensar que es cierto; si la heroína se vendiese como se vende el tabaco, las consecuencias podrían ser desastrosas. Nadie prueba una sustancia porque desee perder el control sobre ella; eso vendrá por añadidura. La información institucional tiene una eficacia muy dudosa. Los pabellones oncológicos están llenos de usuarios de cajetillas en las que «Las Autoridades Sanitarias advierten…» EL Estado debe tener el máximo respeto a la voluntad de los individuos. A los que la han perdido, debe ayudarles a intentar recuperarla cuando lo soliciten; salir de una adicción es muy difícil, pero no es imposible. Lo que está menos claro es si el Estado debe impedir que se realicen, más o menos voluntariamente, actividades que conducen a la anulación de la voluntad. Quizá sea éste un buen punto para centrar la discusión.